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La Santa Sede pide acceso de todos a las terapias antiretrovirales
Este jueves, se hizo público un comunicado del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Agentes Sanitarios, con ocasión del Día Mundial del Sida 2011.
El comunicado, firmado por el presidente del dicasterio Zygmunt Zimowski, afirma que esta jornada “debe constituir una nueva oportunidad para promover el acceso universal a las terapias para quienes están infectados, la prevención de la transmisión de madre a hijo y la educación a estilos de vida que incluyan una aproximación correcta y responsable a la sexualidad. Asimismo, es un momento privilegiado para relanzar la lucha contra el prejuicio social”.
Se estima que 1,8 millones de personas mueren cada año a causa del sida, sobre todo en el África subsahariana. “Son personas que podrían llevar una vida normal si tuvieran acceso a las terapias farmacológicas adecuadas, conocidas como terapias antirretrovirales”.
“Hay muertes que ya no son justificables, como tampoco lo es el dolor de los familiares de las personas afectadas. Tampoco se puede justificar ya la transmisión de la infección de madres a hijos”.
“La Iglesia y su Magisterio, piden un estilo de vida que privilegie la abstinencia, la fidelidad conyugal y el rechazo de la promiscuidad sexual, porque, como subraya la exhortación apostólica postsinodal Africae Munus, todo esto forma parte de la cuestión del 'desarrollo integral' al que las personas y comunidades tienen derecho”, afirma el comunicado.
“Al lanzar este nuevo llamamiento al compromiso y a la solidaridad en favor de todas las víctimas (directas e indirectas) de vih/sida, queremos dar las gracias, en unión espiritual con el santo padre, a todos los que a lo largo de estos años se esforzaron tanto por ayudarlas. Nos referimos aquí a las instituciones, organismos y voluntarios que trabajan en el ámbito sanitario y en particular del sida. Sin duda, merecen el apoyo operativo y la ayuda, sin trabas ideológicas, de las organizaciones internacionales y de los benefactores”, añade.
Por último, expresa su cercanía a los enfermos de vih/sida, a los que están cerca de ellos, y a todos los trabajadores de la salud que, expuestos al riesgo de infección, les prestan toda la atención posible respetando su personalidad y su dignidad”.
Intereses ideológicos: la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)
El contagio por VPH es la infección sexualmente transmisible más frecuente en los Estados Unidos, responsable de 6,2 millones de casos anuales. El 90% de estas infecciones se resuelven espontáneamente, siendo el virus normalmente eliminado en el plazo de meses.
Cuando no se elimina, allí donde se acantona el virus -normalmente en el cérvix del útero- se producen cambios microscópicos en las células escamosas del revestimiento epitelial conocidas como neoplasia intraepitelial cervical (NIC), o verrugas genitales (condilomas acuminados) ambas lesiones son precancerígenas pero son fáciles de identificar con el test de Papanicolau y de tratamiento sencillo: sólo el 1% de ellas degenerarán en cáncer.
La vacuna contra el VPH, Gardasil, es una mezcla de dos de los tipos de VPH de bajo riesgo más comunes -el 6 y el 11- y de dos de los tipos de alto riesgo más frecuentes -el 16 y el 18-. Es eficaz frente a la infección por VPH solamente a condición de que el paciente no esté ya infectado con uno de los tipos virales que contiene la vacuna y, por supuesto, no ofrece protección contra las decenas de otros tipos de VPH ni contra otras enfermedades de transmisión sexual.
Los estudios realizados por el National Cancer Institute (USA) señalan que la inmunidad dura solo 4 años, siendo necesarias nuevas dosis de recuerdo después. En cuanto a la seguridad de la vacuna hay evidencias de que puede causar síndrome de Guillain-Barré, epilepsias o artritis.
En nuestro país se implantó en el calendario vacunal y en febrero de 2009 se produjo en elHospital Clínico de Valencia el ingreso de dos adolescentes por posibles efectos adversos a las vacuna.
En marzo de 2011 la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP) presenta una demanda contra el Ministerio de Sanidad en la que le exigen que reconozca los efectos secundarios de esta y denuncia una incorrecta atención sanitaria a las menores.
El coste de la vacuna Gardasil es de 155,91 euros por dosis y hace falta suministrar tres dosis para que sea eficaz, ya en marzo de 2010 se declara desde la coordinación del Grupo Español de Vacunas que existe una tendencia uniforme en las regiones hacia una menor cobertura con la tercera dosis.
Según la OMS y el prestigioso Centro Internacional de Control de Enfermedades de Atlanta (el CDC), lo más eficaz para prevenir la infección por VPH es retrasar el inicio de relaciones sexuales en jóvenes y la fidelidad entre quienes tienen relaciones sexuales.
El virus del VPH se contagia por contacto sexual, razón por la cual la vacuna contra VPH no es comparable con el resto de vacunas incluidas en el calendario vacunal.
No parece así recomendable la vacunación obligatoria y masiva de las adolescentes: Por un lado, por razones de bioseguridad y coste/beneficio. Por otro, porque equivale a asumir el prejuicio de que no es posible retrasar el inicio de relaciones sexuales ni mantener relaciones fieles, y porque no tiene en cuenta la decisión de aquellos jóvenes que así hayan elegido.
La prohibición europea de patentar células embrionarias humanas Una sentencia por la dignidad de la persona
La sentencia dictada el martes 18 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la no patentabilidad de células y líneas celulares obtenidas de embriones humanos ha llegado por fin en los términos que muchos esperaban.
La sentencia es sutil pero clara. Afirma que es posible una patente relativa al uso de embriones si la investigación tiene finalidad diagnóstica o terapéutica referida al proprio embrión en cuestión. Al contrario, no puede ser objeto de patente si su utilización se refiere a fines de investigación científica. El tribunal precisa además que los procedimientos que prevén la extracción de células madre de embriones humanos en el estadio de blastocisto —alcanzado cinco días después de la fecundación— e implican su destrucción no puede en ningún caso patentarse. En conclusión, el tribunal no interviene sobre la posible creación y sucesiva supresión de embriones humanos, pero impidiendo su patente establece un importante baluarte respecto a estos procedimientos.
Se esperaba esta sentencia el pasado mayo, y en ese momento no faltaron intentos de influir en el juicio. De hecho, en la revista “Nature” del 28 de abril, un llamamiento firmado por Austin Smith del Wellcome Trust Center de Cambridge y por algunos de sus colegas (en Italia tenía el apoyo de Unistem de la universidad de Milán) había emprendido el debate con el objetivo de forzar la decisión del tribunal en el sentido de autorizar la posibilidad de patentar células embrionarias humanas. En aquel documento se sostenía que las células madre embrionarias son sólo líneas celulares y no embriones. Pero, el mismo documento, omitía deliberadamente decir que estas líneas derivan de la destrucción de embriones humanos —seres humanos en vía de desarrollo— definidos “excedentes de ovocitos fertilizados in vitro” (sic!). De estas líneas existen ya cientos, algunos dicen que miles, muchas de ellas patentadas en los Estados Unidos.
La sentencia del tribunal se debe a una serie de acontecimientos con origen en un recurso presentado en Alemania. Contra la patentabilidad inició el caso Greenpeace, que en 1999 impugnó la patente del profesor Oliver Brüstle, ahora en la universidad de Bonn, quien en 1991 había obtenido la patente de un procedimiento para producir células neuronales derivadas de las llamadas células madre embrionarias humanas de una línea celular estabilizada y comercialmente disponible. En su recurso, Greenpeace sostenía que la patente violaba la convención europea de patentes (EPC 1973) que prohíbe la patente de invenciones “contrarias al orden público y a la moralidad”.
En 2006 el tribunal federal alemán de Munich admitió esta denuncia y las razones aducidas por Greenpeace. En consecuencia Brüstle opuso un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El pasado 10 de marzo el abogado general del tribunal, Yves Bot, envió una nota oficial al tribunal mismo subrayando algunos criterios que estimaba de fundamental toma en consideración con vistas a la votación de una decisión definitiva y que, por lo que parece, han sido acogidos.
En este interesante documento, que ha creado agitación entre muchos investigadores, se recalcan tres principios fundamentales: las células en primer estadio de un cuerpo humano en desarrollo deben clasificarse como embriones y por lo tanto no patentables; tal definición se refiere tanto a ovocitos en los que se trasplante un núcleo de célula madura (clonación) como a células obtenidas de ovocitos por estimulación (partenogénesis); el estadio de blastocisto también debe ser clasificado como embrión.
Como ha sostenido el abogado general, el principio de la dignidad humana de la directiva 98/44 que “prohíbe el uso de embriones humanos con fines comerciales e industriales” es un principio que hay que aplicar no sólo en una persona humana adulta y en un neonato, sino también en el cuerpo humano desde su primer estadio de desarrollo. Por lo tanto, también las llamadas células madre embrionarias, aunque no son capaces individualmente de producir un ser humano completo —como las células que utilizó Brüstle—, deben someterse a las mismas reglas en cuanto que no pueden obtenerse del blastocisto sin destrucción del mismo y por lo tanto sin destrucción del embrión humano.
Esta sentencia parece haber acogido plenamente estos principios. Sólo confiamos en que dure.
Resumen del III Simposio ANDOC
El pasado fin de semana, se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla el III Simposio Nacional de ANDOC, con la asistencia de numerosos profesionales sanitarios, universitarios y un buen número de socios de nuestra Asociación.
Las conferencias y mesas redondas fueron de un altísimo nivel y dieron pié a un debate muy participativo y animado entre los asistentes y ponentes, en torno a las cuestiones más delicadas y polémicas que se plantean en la práctica sanitaria actual: el futuro de los Colegios profesionales, la influencia de la leyes españolas recientes sobre aspectos esenciales del principio y final de la vida humana; la postura del médico frente al aborto; la objeción de conciencia; la función del farmacéutico en la formación sanitaria de la población; la deriva seguida por las leyes internacionales en temas biomédicos, etc.
Se cumplieron nuestras mejores expectativas, porque se pudo abordar con rigor y profundidad el núcleo de la cuestión que sugería el título del Simposio: existe y es posible trabajar en el ámbito sanitario conforme a unas normas deontológicas claras, sin perder la identidad profesional y la libertad personal. Al mismo tiempo, se denunció el influjo en el quehacer médico de determinadas ideologías que entorpecen, hasta llegar a subvertir, en ocasiones, los principios éticos y deontológicos que dan sentido a las profesiones sanitarias.
uvimos la suerte de contar con algunos de los especialistas más prestigiosos en biomedicina y ética médica, como los Dres. Batiz, Villanueva; profesores de Filosofía y Derecho, como los Prfs. Arana, Megías y Bellver; expertos en Derecho sanitario como Grègor Puppinck, Blanca Fernández de Capel y José Miguel Castillo; farmacéuticos como Emilio Alegre, el Prof. Juan Ramón Castillo y Manuel Pérez Fernández (presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla); y finalmente los Presidentes de los Colegios de Médicos de Sevilla, Valencia, Navarra y Toledo.
Una de cada diez menores va a abortar sin sus padres
«Casi siempre son inmigrantes que no tienen a sus padres con ellas en España, o adolescentes de familias desestructuradas. A veces, el embarazo es fruto de una violación, incluso de miembros de su familia». Así justifican desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres.
Pero si hay sospechas de que las jóvenes han sido víctimas de la violencia, la obligación de los servicios médicos –también de las clínicas abortistas– es informar a la Policía. «Bueno, sí, pero a veces no está claro...También hay chicas que tienen un miedo patológico a sus padres. No es tarea nuestra averiguarlo», zanja la portavoz de ACAI. De un modo u otro, al menos dos centenares de menores han abortado ya en España sin que sus padres se enteren. Así lo demuestran los propios datos de ACAI, que agrupa a una treintena de los principales centros donde se practican abortos en España, y los primeros datos de las comunidades autónomas sobre las interrupciones del embarazo en 2010, el primer año en que ha estado en vigor la llamada «ley Aído».
En ACAI aseguran que «entre el 80 y el 90 por ciento» de las menores que acuden a abortar lo hacen acompañadas. Así que al menos un 10 por ciento va sin sus padres. No es posible saber cuántas pacientes pasaron por los centros de ACAI el año pasado, pues es el Ministerio de Sanidad quien maneja todos los datos sobre abortos y quien retrasa o adelanta su publicación en función de los intereses de cada momento. Pero, teniendo en cuenta los primeros datos de siete comunidades, parece que las cifras de 2010 serán similares a los de 2009, cuando se produjeron 11.482 intervenciones. De ellas, 13.511 correspondieron a jóvenes de 15 a 19 años.
Una vez más, Sanidad hace imposible saber cuántas de estas pacientes son menores, pero se puede calcular que algo menos de la mitad tendrían 16 y 17 años. Pudieron ser 5.000. Si la mitad abortó después de la entrada en vigor de la ley (en el mes de julio), significaría que unas 250 menores acudieron a poner fin a su embarazo sin que sus padres las acompañaran ni lo supieran. De hecho, LA RAZÓN ya adelantó que en las primeras semanas de entrada en vigor de la ley las clínicas registraron el primer caso de una menor que abortó sin comunicárselo a su familia: fue una joven de 17 años de Barcelona que alegó un «grave conflicto» para no informar a su familia. La clínica dio crédito a su testimonio y no hizo más preguntas.
Es la estimación más aproximada que puede hacerse, pues Sanidad se encarga de que los datos no salgan a la luz hasta un año después de recogidos, y siempre con ambigüedades como la referida a las edades. Lo que sí parece claro es que en el primer año de entrada en vigor de la ley la cifra de abortos, al menos, se mantendrá. Y eso a pesar del descenso de embarazos y nacimientos.
Las comunidades de Valencia, Madrid, Cataluña, Andalucía, Murcia, Asturias y Canarias ya han recopilado sus datos, a los que ha tenido acceso este periódico. En cinco de las siete comunidades las interrupciones del embarazo han aumentado. Sólo en Cataluña y en la Comunidad Valenciana han disminuido, aunque en la primera el descenso ha sido acusado, del 6,17 por ciento.
Aumentos llamativos
Probablemente este dato será el que evite que la cifra se dispare. Sin embargo, otras autonomías, como Asturias y Canarias, han registrado aumentos superiores al 7 por ciento. En el resto, las bajadas o subidas han sido poco significativas. Entre las siete comunidades que ya han enviado al Ministerio sus datos están las más grandes –Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia–, y las cifras disponibles abarcan cerca del 80 por ciento de los abortos que se practican. Por ello, el Instituto de Política Familiar ha hecho una extrapolación, de acuerdo con la cual en 2010 se habrían producido 110.679 abortos. Se trata de una cifra muy similar a la del año pasado, aunque algo inferior. Sin embargo, es superior si se atiende al porcentaje de embarazos que terminan en aborto, que pasaría del 18,38 por ciento al 18,61.
Más píldoras poscoitales
Dos años después de que el Gobierno decidiera que lo mejor para evitar embarazos no deseados era distribuir sin receta médica la píldora del día después, los expertos aseguran que se ha convertido en un anticonceptivo más. Sólo en agosto pasado se dispensaron 2.231 unidades al día, lo que hizo que se dispararan las ventas de este cóctel hormonal.
Inmigración y «turismo abortivo»
Cuatro de cada diez mujeres que acuden a una clínica abortista son inmigrantes. Así lo reconoce el propio presidente de la asociación de clínicas, Santiago Barambio. Y precisamente al descenso de la inmigración atribuye la ligera bajada de los abortos, más acusada en Cataluña. «Si disminuyen las cifras no es por la nueva ley, es porque ha bajado el número de mujeres en edad fértil, las del ‘’babyboom’’, y porque ya estamos en el tercer año de disminución de la entrada de mujeres inmigrantes en España». El presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Hertfelder, también apunta a la inmigración como causa del descenso. Reconoce que «si hay menos inmigrantes se practican menos abortos» y también señala que el «turismo abortivo» ha descendido mucho en Cataluña desde que se cerraran las clínicas de Carlos Morín, acusado de practicar abortos ilegalesLo que se dijo en los medios tras el I Congreso de Farmacéuticos Católicos
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La Generalitat fomenta la píldora abortiva "para ahorrar"
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19 Concentraciones en toda España apoyarán la manifestación en Madrid del 26-M
Impulsada por más de 45 asociaciones y entidades cívicas, bajo el lema Sí a la vida.
Donaciones, C.C.: 2100 29 2834 0200079964
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El doctor Jordi Valls, uno de los más reconocidos expertos españoles en cuidados paliativos, nunca ha recibido una sola solicitud de eutanasia: "en cuanto tratas el así, habitualmente ya se no repite el no quiero vivir".
La AN obliga a tramitar un recurso contra 'Norlevo'
L. G.I. - Miércoles, 3 de Noviembre de 2010 . Diariomedico.com
La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que obliga al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 a tramitar un recurso contra la venta de la píldora del día después (pdd) sin receta médica. Los hechos de la sentencia se remontan a marzo, fecha en la que el citado juzgado decidió archivar un recurso presentado por las asociaciones de médicos y de juristas cristianos de Cataluña y la sociedad E-Cristians contra la decisión de la Agencia Española del Medicamento de modificar el prospecto de Norlevo y de calificar levonorgestrel como medicamento no sujeto a prescripción médica. El juzgado entendió que no cabía recurso alguno contra esta decisión, entre otras cuestiones, porque no había un acto concreto que impugnar, ya que se trataba tan sólo de una modificación del prospecto y de un cambio en la normativa que no hacía mención expresa a la pdd.
El cambio legal en cuestión se refiere a la derogación de una norma desfasada de 1985 en la que se detallaban los medicamentos que precisaban receta médica y que Sanidad derogó en el verano de 2009 para facilitar el cambio de la pdd a medicamento de venta libre sin receta médica.La Audiencia Nacional corrige ahora esa interpretación del juzgado y aclara que aunque no se pueda adjuntar una copia expresa de la decisión de la Agencia del Medicamento de permitir la venta de la pdd sin receta, ésta se ha producido realmente y esto es suficiente para "exigir que se garantice el derecho del recurrente a un examen sobre el fondo del asunto", por lo que anula la decisión del juzgado de archivar el caso y le fuerza a pronunciarse sobre la cuestión.
Ésta es la segunda ocasión en la que la Audiencia Nacional se ve forzada a resolver un conflicto sobre la píldora del día después, si bien es la primera en la que el recurso se produce directamente contra la decisión de la Agencia del Medicamento de calificar este fármaco como medicamento sin receta médica, en lugar de tratarse de un recurso por los posibles problemas de objeción de conciencia que pudiera generar la dispensación de este fármaco por parte de los boticarios. Hace ahora un año que la Audiencia Nacional se pronunció sobre esta última cuestión, desestimando un recurso de la Asociación Foro Vital contra la decisión de la Consejería de Andalucía de incluir la pdd entre los medicamentos de tenencia mínima obligatoria en las farmacias y, por tanto, de dispensación obligatoria por todos los farmacéuticos. APOYOCambio legal decretado por SanidadSanidad derogó una norma de 1985 que detallaba qué grupos de terapias y de medicamentos precisarían siempre receta médica (ver DM del 30-VII-2009). Desde entonces el Ministerio decide la exigencia de receta caso a caso, sin que determinados grupos sean de prescripción por defecto.
Sanidad no cambiará el estatus de la 'pdd' ante la moción desde el Senado
La píldora del día después (pdd) mantendrá su estatus actual y seguirá dispensándose sin receta. Así se desprende de la negativa de Sanidad de no atender la moción presentada a finales del pasado octubre en el Senado en la que se instaba al Ejecutivo a volver a exigir prescripción médica para la dispensación de este fármaco en las farmacias.
Esta moción, presentada por el PP y apoyada por CiU, se fundamenta en la petición tan defendida por el sector sanitario de llevar un mayor control sobre la utilización de este fármaco a través de medidas que hagan posible ese seguimiento.
Desde el Ministerio señalan a CF que no existe intención de cambiar "el estatus de la pdd, ya que está dando resultados en la disminución de embarazos no deseados y, por consiguiente, en el número de interrupciones voluntarias". Añaden también que conocían la posición sobre este asunto de los dos partidos que han respaldado la moción y afirman que "se respeta la decisión de PP y CiU, aunque no se comparte".
Para José López Guzmán, coordinador de la Plataforma Profesional Farmacéutica (organización que agrupa a más de 4.500 farmacéuticos y otros 3.700 sanitarios en contra de la venta libre de este fármaco y creado a raíz de la decisión de variar su estatus), "Sanidad vuelve a hacer valer sus criterios ideológicos por encima de los aspectos sanitarios", que, según considera, siguen presentando diversas incógnitas.
PETICIÓN DE DIÁLOGO
Junto a esto, matiza: "Por lo menos, siendo una moción que llega desde el Senado, pensábamos que iba a darse la oportunidad de abrir un diálogo sobre lo que se plantea en la moción. Sin embargo, se ha vuelto a dar una respuesta rápida desde Sanidad sin opción a que se debata la propuesta".Junto al argumento de un mayor control, la moción también pedía que se regulase el derecho a la objeción de conciencia de distintos profesionales sanitarios (incluido el farmacéutico) ante este medicamento.
La venta libre, en tribunales
La actualidad de la pdd no ha venido sólo marcada por la negativa de Sanidad de cambiar el estatus del fármaco tras la petición en este sentido llegada desde el Senado. La semana pasada, tal y como recogió Diario Médico, la Audiencia Nacional dictó una sentencia en la que obliga al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 a tramitar a fondo un recurso sobre la venta de este fármaco sin receta a raíz de un recurso presentado por médicos y juristas cristianos de Cataluña y que el juzgado no quiso admitir a trámite.
Fuente: Correo farmacéutico
La receta podría volver a ser necesaria en la venta de la pdd
Desde el 28 de septiembre de 2009, dentro de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que se aprobó el lunes en el Consejo Interterritorial, se está dispensando la píldora del día después (pdd) sin prescripción médica. El PP defenderá mañana en la Comisión de Sanidad del Senado una moción que insta al Gobierno a que la indicación de la pdd, como todos los compuestos hormonales, sea exclusivamente bajo prescripción médica en la sanidad pública y privada. Además, pide que se modifique la legislación para que los profesionales médicos y farmacéuticos puedan ejercitar el derecho a la objeción de conciencia en la prescripción y dispensación de la pdd, al amparo del artículo 16 de la Constitución y según razones ideológicas, religiosas, científicas o de defensa del derecho a la vida del ser humano.
El texto exige al Ejecutivo que se protocolice, en coordinación con las regiones, la información a los usuarios de los posibles efectos adversos de la pdd y se armonicen canales de derivación hacia Planificación Familiar y Educación Sexual.
Su consumo se ha multiplicado por cinco, según nos han comunicado sociedades científicas, proveedores y distribuidores
Según fuentes consultadas por DM, es probable que el texto salga adelante con el apoyo de CiU y el Grupo Mixto, aunque la negociación aún no está cerrada e incluso puede que el PSOE presente una enmienda.
El senador popular Jesús Aguirre explica que la liberalización de la venta de la pdd "ha multiplicado el consumo por cinco, según nos han comunicado las sociedades científicas, proveedores y distribuidores". En su opinión, la cuestión más grave es que ahora no hay ningún control de frecuentación: "Si antes había un circuito perfectamente engrasado, en este momento el Ministerio de Sanidad y Política Social no sabe ni cuánto se ha gastado, ni quién la ha consumido, ni cuántas veces lo ha hecho". Hasta el momento el departamento que dirige Trinidad Jiménez ha admitido que la venta de la pdd sin receta dispara su uso, aunque ha eludido dar cifras; no obstante, la consultora IMS Health hablaba en abril de que las ventas se habían disparado un 87 por ciento (ver DM del 29-IV-2010).
Por eso, Aguirre argumenta que "el Gobierno ha metido la pata al anteponer los criterios políticos a los de salud pública" y que además "esta decisión ha supuesto un gran paso atrás". Aguirre señala que los profesionales de la salud y sus representantes, tanto colegiales como sociedades científicas, coinciden en que "es un retroceso en los estándares de calidad en salud y en el uso adecuado de los medicamentos". Precisamente, una encuesta de Diariomedico.com revela que al 69,5 por ciento de los lectores no le parece bien que se dispense la pdd sin prescripción.El senador tampoco está de acuerdo con las afirmaciones de Jiménez que atribuyen a la pdd el descenso de abortos (ver DM del 15-IX-2010): "Hay numerosos estudios que demuestran que su consumo no lleva aparejada una disminución en el números de abortos".
Fuente: Diario médico.
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